¿PROTECCIÓN DE LA REPUTACIÓN? ¿RESPETO A LA INTIMIDAD? ¿DERECHO AL OLVIDO? NUEVAS HERRAMIENTAS CON LA RECIENTE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.

 

google derecho al olvido

Recientemente se ha promulgado la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDyDD) que, como su propio nombre indica, tiene un doble objeto: (i) adaptar nuestra legislación a los últimos hitos normativos de la UE en el ámbito de la protección de datos (en particular el conocido como Reglamento General de Protección de Datos) y (ii) dar cumplimiento efectivo al viejo mandato del art. 18.4 de la Constitución regulando lo que ahora ha venido a intitularse como “derechos digitales”.

A ellos va dedicado el Título X de la Ley bajo la rúbrica de “Garantía de los derechos digitales” (arts. 79 a 97), incluyendo un amplio elenco de derechos de entre los cuales ahora queremos referirnos muy someramente a los derechos de “rectificación” (art. 85),  “actualización” (art. 86) y “olvido” (arts. 93 y 94).

Al respecto conviene empezar con una importante puntualización y es que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no tendrá competencia alguna en relación a los dos primeros derechos (“rectificación” y “actualización”), mientras que sí la tendrá en relación al “derecho al olvido”.

  • Derecho de rectificación en Internet (art. 85) y Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (art. 86).

El apartado 1 del art. 85  se limita a reiterar algo tan obvio, pero tan importante de recordar, como que “todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet”, siendo en su apartado 2 donde se establece la obligación de los responsables de redes sociales y servicios equivalentes de adoptar protocolos adecuados para poder ejercer el derecho de rectificación al que se refiere la  Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación frente a los contenidos difundidos por otros usuarios que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz.

Se trata pues de posibilitar el ejercicio del clásico derecho de rectificación en relación con manifestaciones de otros usuarios de internet que puedan conllevar una vulneración de los derechos fundamentales al honor/intimidad y de información. Cuando así resulte, y según el segundo párrafo del art. 85.2, se procederá a la publicación (junto a la información original) …de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo.

A priori, y a la espera de la casuística que veamos aparecer en aplicación de este precepto, importa destacar que, a diferencia de la regulación “clásica” de la LO 2/1984,  la pretendida “rectificación “ no se limita a las “informaciones”, sino que también alcanzaría a las “opiniones” de los demás usuarios de las redes sociales y servicios equivalentes, lo cual a su vez hace probable que alguno de esos operadores prefiera establecer “filtros de pre-moderación” para evitar una avalancha constante de peticiones de rectificación. El fantasma de una eventual acción de censura previa por parte de estos operadores es algo que habrá que evaluar en cuanto se pongan en marcha los protocolos adecuados a que se refiere la Ley. Por otra parte, el “remedio”  expresamente previsto (esto es, la inclusión de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo) puede implicar una restricción implícita para el ejercicio de este derecho de rectificación al tratarse de la misma solución establecida para el derecho de actualización regulado en el siguiente artículo 86.

El art. 86 se dedica al llamado Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales”, y no obstante su diferente nomenclatura, este “derecho de actualización” sí resulta ser más equivalente al clásico derecho de rectificación de la Ley Orgánica 2/1984 pues en ambos casos se refieren a “información” (art. 1 LO 2/1984) o “noticias” (art. 86 LOPDyDD) aparecidas en “cualquier medio de comunicación” (LO 2/1984) o en “medios de comunicación digitales” (LOPDyDD).

En concreto se establece que “Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio.” Añadiendo que “En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior.”

Curiosamente, y no obstante la clara analogía, el precepto no incluye ninguna referencia procedimental a la Ley Orgánica 2/1984 como sí se hace en el anterior art. 85. Ello no obstante, entendemos que esa regulación sigue siendo la subsidiariamente aplicable a efectos de procedimientos y plazos pues lo previsto en este art. 86 no parece ser más que un remedio específico a la norma general establecida en la vieja Ley Orgánica de 1984.

 

  • Derecho al olvido en búsquedas de internet (art. 93) y en redes sociales y servicios equivalentes (art. 94).

Estos dos artículos constituyen una de las principales aportaciones de la Ley al regular dos modalidades específicas del “derecho de supresión” a que se refiere el art. 15 de la propia Ley Orgánica y el 17 del RGDP.

El art. 93 se refiere a los motores de búsqueda (Google por ejemplo) y a la posibilidad de que cualquier persona solicite que se “eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información …. inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.”

Conforme se encarga de reiterar el apartado 2 del mismo precepto, este derecho (o sea, la eliminación de los enlaces) “no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho”. Esto es, se conseguirá la eliminación de los enlaces en el motor de búsqueda (eg. Google) pero no la información contenida en, por ejemplo, el medio de comunicación digital (eg. periódico digital) al que llegaba a través del enlace en cuestión.

El siguiente artículo 94 se refiere a los datos personales contenidos en las redes sociales o servicios equivalentes (sin que se incluyan los medios de comunicación o información) y regula en qué circunstancias podrá  pretenderse su supresión.

En los apartados 1 y 3 se contemplan los supuestos en que la supresión de los datos solo requiere la solicitud del interesado, bien por haberlos facilitado él mismo (93.1) o haberse facilitado, por él o un tercero, durante su minoría de edad (93.3).

A su vez, el apartado 2 se refiere a supuesto de datos facilitados por terceros a esas redes sociales o servicios equivalentes cuya supresión podrá solicitarse si:

(i) se dan las circunstancias ya descritas en el art. 93, esto es, cuando los datos “fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.”, o

(ii)” cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.”

Parece evidente que la inconcreción y amplitud con que están redactados estos supuestos y la gran indeterminación de buena parte de sus términos conlleva una buena dosis de incertidumbre respecto de en qué circunstancias podrá ejercitarse este derecho de supresión.

En un intento de delimitar la cuestión, y en coherencia también con lo dispuesto en el art. 2.c) del RGPD, el apartado 2 del art. 94 acaba con la advertencia de que la supresión no podrá pretenderse respecto de “los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas”, esto es, se deja a salvo la clásica actividad de simple “exposición personal/familiar/y de amistades” en las redes sociales por lo que RRSS como Facebook e Instagram (al menos tal y como fueron inicialmente concebidas) podrán ahorrarse una parte importante de la avalancha de peticiones de supresión que la norma podría comportar.

La regulación de estos derechos seguro que es mejorable y solo su aplicación práctica nos ayudará a ver por dónde debe empezar esa mejora, pero bienvenida sea la apuesta del legislador por abordar una cuestión ampliamente reclamada por la sociedad.

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