¿CUÁL ES LA ORIGINALIDAD EXIGIBLE A UN DISEÑO PARA SER CONSIDERADO UNA OBRA DE PROPIEDAD INTELECTUAL?

 

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Esta nota, simple reflexión, surge a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (15/09/2017, AP Madrid, Secc. 8ª, Ponente: José Manuel de Vicente Bobadilla) en la que se considera como obra de propiedad intelectual el diseño de un bolso.

La sentencia aborda diferentes y muy interesantes cuestiones sobre Propiedad Intelectual, Marcas y Competencia Desleal, pero aquí queremos centrarnos en el enjuiciamiento de la cuestión apuntada y su falta de concordancia con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo a partir de la, no menos cuestionada , sentencia TS de 27/09/2012 (Sala 1ª, Ponente: Rafael Gimeno-Bayón Cobos).

Aparte de la interesante discusión de fondo, ambas sentencias sirven para poner de manifiesto el déficit de seguridad jurídica que a menudo genera la forma de motivar estas resoluciones que, en nuestra opinión, llenan de incertidumbre este importante sector de nuestra economía.

En el concreto ámbito del diseño (entendiendo por tal la configuración visible de un elemento/producto que le otorga un valor añadido independiente de su funcionalidad), uno de los elementos de esa exigible seguridad jurídica tiene que ver con la existencia y alcance de los eventuales derechos de exclusiva que puedan existir en relación a un determinado diseño. Esto es muy relevante para el diseñador o autor (tanto si es un individuo como una gran multinacional) y también para el resto de los operadores que, deseando competir en buena lid, necesitarán saber qué alcance, objetivo, temporal y territorial tienen el/los derecho/s de exclusiva que pueda proteger un concreto diseño.

El análisis de esta cuestión exige tener en cuenta tanto la regulación relativa a la protección del diseño industrial (en España, la Ley 20/2003 de Protección del Diseño Industrial, y en la Unión Europea, el Reglamento CE 6/2002), como lo previsto en la normativa sobre Propiedad Intelectual o Derecho de Autor (en España, la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, así como las diversas Directivas de la UE sobre la materia). Y la pregunta clave sigue siendo: ¿cuándo un diseño puede quedar protegido por ambas normativas?

La respuesta (y la eventual doble protección) tiene importantes efectos prácticos/económicos, empezando por la duración de los respectivos derechos: 25 años según la Ley del Diseño, y toda la vida del autor, más 70 años, para las obras de Propiedad Intelectual.

La respuesta fácil es la clásica: cuando se cumplan los requisitos respectivamente exigidos en cada cuerpo normativo, pero lo finalmente relevante será saber qué requisitos debe cumplir un diseño para ser reconocido como obra de propiedad intelectual.

En principio este requisito es el mismo que para cualquier otro tipo de obra, esto es, que se trate de una “creación original”; pues la Ley de Propiedad intelectual no distingue según tipos de creaciones ni contiene previsión especial respecto de los diseños. Sin embargo, la aplicación de este requisito al diseño ha estado sujeta a varios vaivenes jurisprudenciales que nos alejan de esa necesaria seguridad jurídica.

Muestra de ello son las dos sentencias mencionadas. Por un lado tenemos la sentencia del Tribunal Supremo que en su momento ya supuso un punto de inflexión al considerar que el régimen de acumulación de protecciones en España no era el absoluto (que defendía buena parte de la Doctrina), sino relativo, de modo que solo aquel diseño que sea “especialmente creativo” puede merecer la consideración de obra de Propiedad Intelectual. Y  lo hizo el Tribunal estableciendo (sin dar mayores parámetros de análisis o enjuiciamiento) una diferenciación entre “las obras plásticas puramente artísticas (con independencia de que puedan ser explotadas con fin industrial), las obras de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos, o creaciones formales diseñadas o utilizadas para ser reproducidas artesanal o industrialmente en serie, que produzcan una impresión general en el usuario informado que difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público” (párrafo 46)”. De esta forma,  y aunque el Tribunal Supremo no es explícito en este punto, parece establecer que si una creación formal, que ya dispone del marco de protección especial que le confiere la normativa de diseño, pretende invocar la protección de la Propiedad intelectual, deberá reunir un “plus” de creatividad.

Frente a esta tesis que conlleva la exigencia de una suerte de originalidad reforzada para los diseños, se alza lo resuelto ahora por la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que, sin decirlo de forma explícita, obvia esa exigencia y da a entender que basta con la concurrencia de la originalidad general de cualquier obra de Propiedad Intelectual. Para mayor desconcierto, resulta que para justificar su postura, la Audiencia se apoya en un pasaje de la sentencia del Tribunal Supremo (contenido en el párrafo 42) en la que éste expone la tesis que, acto seguido (párrafo 43), rechaza para efectivamente exigir una especial creatividad.

Desconocemos si se ha interpuesto o no un recurso de casación que pueda dirimir esta cuestión, pero en cualquier caso entendemos que, con independencia de la evidente posibilidad de que los Tribunales evolucionen en su doctrina, sí resulta exigible que en sus resoluciones sean más claros y explícitos en los razonamientos que les lleven a tales cambios, en aras, como decimos, a la siempre deseable seguridad jurídica.

 

 

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