PATENTES, LA VISTA DE MEDIDAS CAUTELARES Y LA POSIBLE INDEFENSIÓN DEL ACTOR: ALGUNA CONSIDERACIÓN CRÍTICA

 

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La cuestión que queremos plantear sería de aplicación a todos los derechos de exclusiva en materia de propiedad industrial, pero la consideramos especialmente relevante en materia de patentes pues a nuestro entender es donde pueden producirse los efectos más perniciosos.

Como es bien sabido, en procesos por infracción de una patente, incluso en caso de patentes europeas que han superado su exigente examen de patentabilidad, es muy habitual que el demandado cuestione su validez mediante la oportuna demanda reconvencional.  Si además el actor solicitó medidas cautelares es más que probable que la cuestión de la validez surja en la vista de las medidas antes incluso de que el demandado lo haya planteado formalmente mediante su demanda reconvencional.

Ello puede conllevar que el actor se encuentre el día de la vista de las medidas cautelares con que le discuten la validez de la patente, y que en apoyo de tal tesis la demandada aporte entonces (o unos días antes) posibles dictámenes periciales referentes a la pretendida nulidad de la patente. En esta habitual situación, y si se aplican literal y muy rigurosamente las disposiciones reguladoras de dicha vista, es cuando puede ocasionarse una clara indefensión a la parte actora.

Nos explicamos.

Para nada objetamos que el demandado pueda sostener en sede de medidas cautelares la ausencia de alguno de los requisitos de patentabilidad de la patente que se aduce infringida, e incluso que para ello se apoye en cuanta documentación considere oportuna (incluidos dictámenes periciales), pues ciertamente con ello puede llegar a cuestionarse la apariencia de buen derecho que habrá esgrimido el actor.

Lo que ocurre es que, de acuerdo con la regulación del procedimiento de medidas cautelares, al actor le está vedado aportar en el propio acto de la vista documentos con los que contrarrestar los argumentos vertidos de adverso en apoyo de sus alegaciones de la falta de validez de la patente, no pudiendo tampoco aportar prueba pericial adicional con la que refutar y contradecir los informes periciales eventualmente aportados por el demandado para la propia vista.

De nada sirve que el actor sepa a ciencia cierta que el demandado sostendrá la falta de validez de su patente, pues en la casi totalidad de los casos no podrá anticipar de ningún modo cuáles van a ser los argumentos al efecto utilizados y menos aún los presuntos antecedentes que pueda esgrimir. En definitiva, el actor va al respecto a ciegas el día de la vista.

En esta tesitura, y más aún cuando se acaben desestimando las medidas por considerar el Juzgador que podría ser discutible (con visos de cierta verosimilitud) la apariencia de buen derecho a resultas de las alegaciones y pruebas aportadas de contrario acerca de la falta de validez del título (sin que al actor le haya sido posible aportar documentación adicional con la que refutar esas alegaciones y pruebas), consideramos que se le estaría ocasionando al actor una evidente indefensión al no haber podido utilizar las mismas armas que la contraria, en un desequilibrio de todo punto injustificado y de efectos sin duda dramáticos para sus intereses.

Ello viene además a agravarse cuando, en una aplicación excesivamente literal y formal de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil,  algunos Juzgados ni siquiera otorgan a las partes la posibilidad de hacer alegaciones finales con respecto al resultado de las pruebas practicadas durante la vista, lo que es sin duda pernicioso cuando tales pruebas han consistido en la declaración de peritos sobre unos informes que tampoco se han podido contradecir.

Bien es verdad que algunos Jueces permiten en ocasiones que las partes lleven a cabo tales alegaciones finales, pero ello queda al albur de lo que en cada caso consideren.

En definitiva, sería deseable que los Mercantiles competentes en materia de patentes hicieran una interpretación generosa, homogénea y generalizada de las disposiciones procedimentales reguladoras de las medidas cautelares de forma que se garantizara una auténtica contradicción y con iguales garantías procesales para ambas partes.

Y se nos ocurre una posible solución que, aunque no expresamente permitida, tampoco consideramos iría en contra de la mencionada regulación:

1.- Por un lado, suspender el acto de la vista por un plazo razonable y permitir al actor aportar aquellos documentos e informes periciales con los que rebatir las alegaciones y pruebas aportados por el demandado en apoyo de su tesis acerca de la validez de la patente. Con ello creemos no se contravendría el espíritu de la norma pues no se trataría de documentos e informes dirigidos a sostener las acciones ejercitadas en la demanda, sino en su caso a defenderse frente a los concretos argumentos de la parte contraria en discusión del título esgrimido.

2.- Y por otro lado, permitir a las partes un turno final de alegaciones para estrictamente comentar el resultado de la prueba practicada en el acto de la vista y lógicamente limitado a los documentos e informes de ambas partes sobre la validez de la patente aducida.

Se trataría en realidad en convertir de facto dicha vista en algo parecido al acto del juicio, si bien únicamente para el supuesto que hemos venido comentando.

Actuar de esta forma no iría en absoluto en contra del ámbito propio de las medidas cautelares, sin merma de la necesaria agilidad y rapidez en su tramitación, y con pleno respeto del principio de contradicción y de equilibrio de armas de ambas partes en el proceso.

 

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